Sin ningún respeto por las mujeres víctimas de la inhumana campaña de esterilizaciones forzadas implementada por su padre en la década de los 90, el congresista Kenji Fujimori declaró que le parece “una cortina de humo” que se traiga ese tema a colación justamente cuando el Gobierno de Ollanta Humala comete “errores políticos” en el VRAE.
“Qué coincidencia, que ocurren estos temas del conflicto en el VRAE y se habla de este tema (las esterilizaciones forzadas). A mí me parece que es una cortina de humo, un refrito”, indicó en RPP. Estas declaraciones del hijo menor del clan Fujimori se dan a raíz del anuncio de que las mujeres víctimas de las esterilizaciones que se realizaron entre los años 1996 y 2000 acusarán de manera formal y con nuevas pruebas al expresidente Alberto Fujimori como la persona que dio la orden para realizar estas operaciones.
“El único país que no aplicó esas medidas fue el Perú. Y no es que a mi padre se le ocurrió ese plan, era una tendencia internacional. De 300 mil mujeres que han sido operadas o sometidas a la esterilización ha habido un promedio de 180 quejas. Hubo una manipulación perversa, son quejas manipuladas por las ONG de tendencia de izquierda, contrarias al régimen de mi padre”, agregó el congresista.
Kenji Fujimori deja de lado el hecho probado de que las operaciones fueron realizadas en su mayoría contra la voluntad de mujeres de bajo estrato social, sobre todo campesinas, sin preguntarles ni informarles de las consecuencias o riesgos de someterse a esa intervención.
Al respecto, la parlamentaria andina Hilaria Supa dijo a diario16 que si las investigaciones en la fiscalía sufrieron un retraso de seis meses, fue al margen de la coyuntura política, y que en este caso de todas maneras se debe hallar al o a los culpables de ordenar la ejecución de esas prácticas ilegales.
“No hay ninguna cortina de humo. Son las propias mujeres campesinas que se han organizado en esta lucha, y ayer entregamos al fiscal nuevas evidencias como la asistencia de Alberto Fujimori a la Reunión Mundial de Mujeres de Beijing en 1995, en donde sin ningún reparo comentó que la aplicación de estas operaciones era parte de su plan para eliminar la pobreza”, aseguró Supa.
El fiscal Víctor Cubas, coordinador de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación, señaló que la resolución de octubre de 2011 señalaba la reapertura del caso como crimen de lesa humanidad, ya que había pruebas suficientes. Explicó que el retraso en la investigación se debió a que un grupo de investigados presentó dos escritos que pedían el archivamiento del caso.
MARIANO VÁSQUEZ: mvasquez@diario16.com.pe
