La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, inició una campaña para pedir justicia para Santiago Manuin, uno de los líderes más importantes de las comunidades aguaruna-huambisa, a quien el gobierno responsabiliza por el asesinato de nueve policías en la Estación 6 de PetroPerú. El pasado 13 de junio, el Juez del Primer Juzgado Penal de Utcubamba, Francisco Miranda Caramutti, ordenó la búsqueda, ubicación, captura y conducción - ofic. Nº 0610-09-1- de Santiago Manuin.
En una carta abierta dirigido al presidente García piden:
- Se inicien las investigaciones del atentado contra la vida de Santiago Manuin Valera -DNI 337600081, 52 años de edad-, y se sancionen a los responsables materiales e intelectuales.
- Se repare económicamente a este líder awajun, se realice un peritaje médico independiente y que el Estado garantice su integridad y recuperación total, asumiendo los costos de su atención médica por los daños sufridos.
- Cese el hostigamiento judicial contra Santiago Manuin, así como hacia otros dirigentes sociales, se retire a los efectivos de la policía que rodean el hospital donde Manuin se encuentra internado y se efectivice el cambio de orden de detención por el de comparecencia.
Más información de la campaña en este link:
Continúa persecución a indígenas amazónicos: ordenan encarcelar a líder gravemente herido y se inicia la búsqueda de desaparecidos en Masacre del 5 de junio.
La composición del nuevo Gabinete Ministerial del gobierno de Alan García Pérez no responde a las exigencias de cambio de las organizaciones populares. Por el contrario: sus integrantes, encabezados por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, han dicho claramente que su primera tarea es “imponer el orden”, con lo que se espera un recrudecimiento de la represión.
Desde el inicio de su Gobierno, Alan García se ha alineado fundamentalistament e con el neoliberalismo global en crisis. Por eso negocia y firma tratados de libre comercio y emite paquetes legislativos para implementarlos y para criminalizar la protesta social. Ciego y sordo a las demandas de los pueblos por el ejercicio de sus derechos, atribuye las protestas a supuestos complots internacionales, hablando incluso de una nueva “Guerra Fría”.
Las gran jornada nacional de lucha del 11 de junio, el Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio, y la solidaridad internacional exigieron que la salida del Gabinete Yehude Simon significara un cambio real de la política económica y social. Pero ha ocurrido todo lo contrario, con una composición ministerial aprista y de extrema derecha, en una abierta actitud provocadora del régimen de García.
Al cierre y persecución de emisoras locales y sus directores, se une la intensificació n de la persecución policial y judicial a los líderes indígenas amazónicos. Otros dos dirigentes nacionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han solicitado asilo político a Nicaragua, cuyo gobierno ya se lo otorgó al presidente de esa organización, Alberto Pizango.
Igualmente grave es el hecho de que ya están surgiendo evidencias de desapariciones en la Masacre de Bagua del viernes 5 de junio, tantas veces negada por el gobierno, amparado en un informe de la Defensoría del Pueblo que, como esta institución ha reconocido, no pudo recoger testimonios y pruebas más que en la quinta parte de las comunidades nativas y lo hizo en días inmediatos a la Masacre. Peor aun considerando que la policía impidió el paso a la zona durante cinco días, en los que habría incinerado los restos de indígenas asesinados, de lo cual ya aparecen también evidencias.
Uno de los casos de desapariciones denunciados es el de Nelvin Wasun Kasen, quien fue arrestado por la policía, aunque no figura en listados de detenidos. La denuncia ha sido formulada por su hijo Lewis Wasum Tsamajai, de 17 años, quien viajó a Bagua Grande (Amazonas) desde la comunidad nativa de Galilea, junto con su dos hermanos menores en busca de su padre, Nelvin Wasum Kasen, del que no tienen noticias desde el 5 de junio.
Particularmente cruel es el ensañamiento del gobierno contra el apu Santiago Manuin, quien recibió ocho impactos de bala el 5 de junio, cuando se acercó con los brazos en alto a la policía que en la Curva del Diablo iniciaba su arremetida contra los indígenas. El apu tiene el colon separado del cuerpo y su estado de salud es muy delicado. Ayer nueve policías fueron hasta el Hospital Las Mercedes de Chiclayo para intentar llevarlo al penal de Picsi. Felizmente los médicos de ese nosocomio lo impidieron.
Frente a estos hechos, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, llama a la comunidad internacional a mantenerse alertas y expresar su rechazo a la política neoliberal del gobierno de Alan García y exigir investigación de sus crímenes contra los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Lima, 15 de julio de 2009.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
Desde el inicio de su Gobierno, Alan García se ha alineado fundamentalistament e con el neoliberalismo global en crisis. Por eso negocia y firma tratados de libre comercio y emite paquetes legislativos para implementarlos y para criminalizar la protesta social. Ciego y sordo a las demandas de los pueblos por el ejercicio de sus derechos, atribuye las protestas a supuestos complots internacionales, hablando incluso de una nueva “Guerra Fría”.
Las gran jornada nacional de lucha del 11 de junio, el Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio, y la solidaridad internacional exigieron que la salida del Gabinete Yehude Simon significara un cambio real de la política económica y social. Pero ha ocurrido todo lo contrario, con una composición ministerial aprista y de extrema derecha, en una abierta actitud provocadora del régimen de García.
Al cierre y persecución de emisoras locales y sus directores, se une la intensificació n de la persecución policial y judicial a los líderes indígenas amazónicos. Otros dos dirigentes nacionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han solicitado asilo político a Nicaragua, cuyo gobierno ya se lo otorgó al presidente de esa organización, Alberto Pizango.
Igualmente grave es el hecho de que ya están surgiendo evidencias de desapariciones en la Masacre de Bagua del viernes 5 de junio, tantas veces negada por el gobierno, amparado en un informe de la Defensoría del Pueblo que, como esta institución ha reconocido, no pudo recoger testimonios y pruebas más que en la quinta parte de las comunidades nativas y lo hizo en días inmediatos a la Masacre. Peor aun considerando que la policía impidió el paso a la zona durante cinco días, en los que habría incinerado los restos de indígenas asesinados, de lo cual ya aparecen también evidencias.
Uno de los casos de desapariciones denunciados es el de Nelvin Wasun Kasen, quien fue arrestado por la policía, aunque no figura en listados de detenidos. La denuncia ha sido formulada por su hijo Lewis Wasum Tsamajai, de 17 años, quien viajó a Bagua Grande (Amazonas) desde la comunidad nativa de Galilea, junto con su dos hermanos menores en busca de su padre, Nelvin Wasum Kasen, del que no tienen noticias desde el 5 de junio.
Particularmente cruel es el ensañamiento del gobierno contra el apu Santiago Manuin, quien recibió ocho impactos de bala el 5 de junio, cuando se acercó con los brazos en alto a la policía que en la Curva del Diablo iniciaba su arremetida contra los indígenas. El apu tiene el colon separado del cuerpo y su estado de salud es muy delicado. Ayer nueve policías fueron hasta el Hospital Las Mercedes de Chiclayo para intentar llevarlo al penal de Picsi. Felizmente los médicos de ese nosocomio lo impidieron.
Frente a estos hechos, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, llama a la comunidad internacional a mantenerse alertas y expresar su rechazo a la política neoliberal del gobierno de Alan García y exigir investigación de sus crímenes contra los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Lima, 15 de julio de 2009.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
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