La toma de carreteras es lo más previsible que puede ocurrir en el curso de las protestas en una sociedad en la que la bajísima demanda de empleo formal (desindustrialización) y la crisis crónica de la agricultura serrana, ha generado la masificación de las actividades informales, dentro de las cuales cientos de miles o millones de personas se autoexplotan por bajísimos ingresos, en condiciones que atentan contra su salud y seguridad física, comprometiendo a sus familiares y al margen de toda protección social.
Cuando a gente así le imponen de la noche a la mañana, sin tomar en cuenta su punto de vista, una norma que altera los precarios equilibrios en los que subsisten por muchos años, revienta la ira contra el Estado que los agrede. Y como se trata de hacerse sentir para forzar negociaciones, tienen que recurrir a lo que tienen más a mano. Hace tiempo, por eso, que el Perú descubrió el poder de bloquear carreteras, es decir interferir la circulación de personas y productos con el poder de la masas, lo que aparece como un método de lucha de informales, campesinos y agricultores, comunidades, indígenas, etc., cuya sola paralización de labores no afecta más que a ellos mismos y sus desplazamientos pacíficos son ninguneados por la prensa.
Las autoridades del Estado saben desde muchos años atrás que lo más previsible en los conflictos provincianos es que se tomen las carreteras. Eso viene ocurriendo reiteradamente y ha seguido a pesar de las leyes draconianas dictadas durante el gobierno de Toledo y reforzadas en el período de García, para proscribirlo. Por tanto cuando el primer ministro dice por toda explicación de los muertos que los mineros habían tomado la carretera, no hace sino reconocer la impotencia del poder que se manda a tomar decisiones que afectan grupos poblacionales importantes sin calcular su grado de resistencia. Es esta imprevisión de fondo la que explica además las oscilaciones, entre gestos de brutalidad del poder puro, hasta retrocesos vergonzosos, excusas cobardes, culpas lanzadas al otro lado frente a la realidad de los muertos.
En el caso específico del gobierno de García, hay otro factor a considerar en el desarrollo de los conflictos sociales que es la conducta del propio presidente. No se conoce en otra parte del mundo un individuo en una posición jerárquica equivalente capaz de decirles “salvajes” a los indígenas hace menos de un año, después de una masacre espantosa, y repetir el adjetivo con los mineros artesanales que son gente de trabajo que lucha por los suyos. La actitud viene desde los primeros días del gobierno cuando insultaba maestros, a pesar de ser hijo de una maestra, y ha seguido sin pausa. De dónde sale que no sólo tenemos una violencia represiva, más bien desquiciada, sino un presidente que se desquicia con facilidad.
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