Servindi, 02 de marzo, 2009.- El Departamento de Estado norteamericano confirmó que “la mayoría de las personas indígenas y aquellos con rasgos indígenas enfrentaron discriminación social y prejuicios”. Asimismo, que el “gobierno no proporcionó los recursos suficientes para proteger eficazmente los derechos civiles y políticos de los indígenas”.Estas importantes aseveraciones se encuentran en el capítulo dedicado a Perú del Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos, hecho público el 25 de febrero de 2009 y que ha generado diversas reacciones en el mundo.
El informe asevera que las comunidades de la sierra y la selva amazónica se encuentran en situación de “marginación social, económica y política” debido, en parte, a su aislamiento geográfico.
Asimismo, sostiene que “los indígenas en las zonas rurales a menudo no tienen acceso a los servicios públicos, particularmente atención de salud y educación”. También, que “el noventa por ciento vivió en pobreza, y sólo el 39 por ciento había completado la escuela primaria”.
Recogiendo datos de las Naciones Unidas observa que “las tasas de mortalidad infantil fueron más altas en las zonas indígenas, y sólo el 20 por ciento de los nacimientos tuvieron lugar en centros de salud pública”.
Respecto al derecho a la tierra el informe señala que “los grupos indígenas a menudo carecieron de título legal para demarcar los límites de sus tierras, por lo que es difícil resistirse a la intrusión de personas ajenas”.
Si bien la Constitución reconoce que los indígenas tienen el derecho a la propiedad comunal de la tierra “los minerales y otros derechos del subsuelo pertenecen al Estado, una situación que, a menudo causó conflictos entre los intereses mineros y las comunidades indígenas”.
El documento observa que “muchas personas indígenas no contaron con documentos de identidad y no pudieron ejercer sus derechos básicos”. Y factores como el idioma y la insuficiente infraestructura impidieron “la participación plena de los indígenas en el proceso político”.
El informe recuerda que el Comité de Expertos de 2008 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha efectuado observaciones al cumplimiento del Convenio 169 y ha pedido al gobierno proporcionar información específica.
Uno de los temas de observación es verificar en qué medida el Estado peruano adopta medidas “en consulta y con la participación de los indígenas “antes de emprender o autorizar programas de prospección o utilización de recursos naturales del subsuelo en tierras y territorios indígenas”.
El informe también presta atención al Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) del cual señala que durante el 2008 “careció de presupuesto separado y fue ineficaz”.
A continuación presentamos los pasajes referidos a pueblos indígenas del capítulo sobre Perú*
Minorías Nacionales/Raciales/Étnicas
La ley provee de igualdad ante la ley a todos los ciudadanos y prohíbe la discriminación por motivos de raza, origen nacional o idioma.
La población incluye grandes minorías de personas de ascendencia africana y asiática. Los afroperuanos, que se encontraban entre los grupos más pobres en el país, enfrentan la discriminación y los prejuicios sociales. Los afro-peruanos en general no tuvieron posiciones de liderazgo en el gobierno, negocios, o estamentos militares. Pocos afro-peruanos sirvieron como oficiales en la Marina o en la fuerza aérea. Aunque la ley prohíbe mencionar la raza en las ofertas de empleo, las organizaciones no gubernamentales alegaron que con frecuencia los empleadores encuentran maneras para negarse a dar empleos a los afroperuanos o son relegados a posiciones mal pagadas. Los empleadores a menudo solicitan a los postulantes que presenten fotos. Los medios de comunicación a menudo retrataron a los afroperuanos como estereotipos.
Poblaciones Indígenas
La ley prohíbe la discriminación basada en la raza y establece el derecho de todos los ciudadanos a hablar su idioma nativo. El Español y el Quechua son los idiomas oficiales, y el gobierno también reconoce otras 49 lenguas indígenas. El gobierno no proporcionó los recursos suficientes para proteger eficazmente los derechos civiles y políticos de los indígenas.
La mayoría de las personas indígenas y aquellos con rasgos indígenas enfrentaron discriminación social y prejuicios. A menudo fueron víctimas de comentarios despectivos y sometidos a discriminación ilegal en restaurantes y discotecas.
Las barreras del idioma y la insuficiente infraestructura en las comunidades indígenas impidió la participación plena de los indígenas en el proceso político. Muchas personas indígenas no contaron con documentos de identidad y no pudieron ejercer sus derechos básicos.
El aislamiento geográfico de comunidades de la sierra y la selva amazónica contribuyó a su marginación social, económica y política. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó que los indígenas en las zonas rurales a menudo no tienen acceso a los servicios públicos, particularmente atención de salud y educación. El noventa por ciento vivió en pobreza, y sólo el 39 por ciento había completado la escuela primaria. Las tasas de mortalidad infantil fueron más altas en las zonas indígenas, y sólo el 20 por ciento de los nacimientos tuvieron lugar en centros de salud pública.
Si bien la Constitución reconoce que los indígenas tienen el derecho a la propiedad comunal de la tierra, los grupos indígenas a menudo carecieron de título legal para demarcar los límites de sus tierras, por lo que es difícil resistirse a la intrusión de personas ajenas. Por Ley, las comunidades locales conservan el derecho de no distribución para impedir la redistribución de los títulos las tierras de los indígenas a los inquilinos no indígenas. Sin embargo, algunos miembros de comunidades indígenas vendieron tierras a extranjeros sin el consentimiento de la mayoría de su comunidad. Los minerales y otros derechos del subsuelo pertenecen al Estado, una situación que, a menudo causó conflictos entre los intereses mineros y las comunidades indígenas. Las observaciones del Comité de Expertos de 2008 (OIT, COE) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno proporcionar información sobre las medidas adoptadas, en consulta y con la participación de los indígenas, para determinar en qué medida los intereses de la comunidad se verían afectados antes de emprender o autorizar programas de prospección o utilización de recursos naturales del subsuelo en tierras y territorios indígenas.
El 9 de agosto, las comunidades indígenas en las provincias de Loreto, Cusco, Amazonas y bloquearon carreteras, rodearon instalaciones de hidrocarburos, y amenazaron con detener el flujo de los recursos energéticos en un intento de proteger las tierras indígenas contra presuntas incursiones de inversores externos. Los manifestantes exigieron que el gobierno anule decretos que redujeron el requerimiento de dos tercios a mayoría simple de miembros de una comunidad local para aprobar cambios en la propiedad comunal de la tierra. En respuesta a las protestas, el gobierno declaró el estado de emergencia en las tres provincias. El 22 de agosto, el Congreso anuló los decretos.
La constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. En el Congreso hablantes nativos de Quechua llevaron a cabo debates en Quechua (hubo traductores disponibles para los no quechua hablantes). El Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización continuó enseñando alfabetización y matemática básica a los hombres y mujeres pobres en todo el país.
En mayo el MIMDES restauró el status de Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, amazónicos y afroperuanos (INDEPA) como una entidad autónoma del gobierno. El consejo de administración de INDEPA tenía 23 miembros, entre ellos cuatro representantes andinos, tres amazónicos, y dos afroperuanos elegidos por voto popular en sus respectivas comunidades. La misión del INDEPA es formular y adoptar políticas, programas y proyectos nacionales de desarrollo para las comunidades andinas, amazónicas y aproperuanas. Durante el año, el INDEPA careció de presupuesto separado y fue ineficaz.
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